Sbatella: “Los delitos de lesa humanidad tienen siempre una vertiente económica de lavado de dinero"
Madrid, 2 de diciembre de 2014.- La vinculación de los crímenes económicos con los crímenes de lesa humanidad ha sido uno de los principales temas de debate en el curso sobre lavado de activos organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, en el que han participado entre los días 24 y 28 de noviembre en Madrid un grupo de abogados y fiscales argentinos que integran la Unidad de Información Fiscal (UIF), entre ellos su presidente, José Alberto Sbattella. Coordinó este curso la fiscal de la Audiencia Nacional española, Dolores Delgado.
El curso de capacitación ha contado con la participación como docentes del propio Baltasar Garzón, magistrado y presidente de FIBGAR, los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y José Ricardo de Prada; el fiscal de este órgano judicial Juan Antonio García; el politólogo Juan Garcés; el capitán de la Guardia Civil Mariano García y el director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, José Luis Olivera. También impartieron clases representantes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Este seminario de capacitación se ha realizado mediante un acuerdo de colaboración recientemente firmado entre la UIF y la oficina de FIBGAR en Argentina que tiene por objeto “establecer mecanismos de cooperación entre ambas organizaciones para articular acciones tendientes a fortalecer el estudio y capacitación en prevención del lavado de activos y financiamiento de redes de delitos internacionales”.
La vertiente económica de los delitos de lesa humanidad
El presidente de la UIF, José Alberto Sbattella, señaló tras el curso que tanto en España como en Argentina hay causas históricas de lesa humanidad sin resolución y que la experiencia de Baltasar Garzón con la investigación de los impactos económicos del Franquismo “nos va a ayudar en nuestro camino, porque los delitos de lesa humanidad tienen siempre una vertiente económica de lavado de dinero”.
“Nos llevamos la conclusión –añadió- de que más allá de la ideología, siempre hubo negocios económicos de los vencedores, de los que ejercieron el terrorismo de estado. Esa impunidad desligitima la justicia que se tiene que aplicar diariamente”.
En cuanto al futuro, Sbattella señaló que “coincidimos con la visión estratégica de Garzón respecto a cómo asociar los procesos de ajuste económico en el mundo, la crisis que ha destruido regiones, países, capas sociales, a crímenes de lesa humanidad, para que los responsables de las políticas que han llevado a esa situación respondan de sus consecuencias”.
La experiencia española, espejo para Argentina
Respecto a la situación en Argentina, “el curso nos ha mostrado el camino a seguir. En los últimos años hemos elaborado una legislación antilavado de dinero y el siguiente paso es la coordinación con las fuerzas de seguridad que tienen que investigar policialmente los casos. Lo financiero debe estar estrechamente coordinado con la investigación policial”.
En ese mismo sentido se manifestó Juan Ignacio Iribarne, asesor jurídico principal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF: “Conocer el camino transitado por España y ver los avances que han realizado de forma exitosa es fundamental para poder avanzar en nuestro trabajo en Argentina y de alguna forma confirmar que vamos en buena dirección”.
Durante las jornadas, se trataron temas como la tipificación del propio delito de lavado de activos y su regulación en diferentes países; la metodología en la investigación y la vinculación de esta criminalidad económica con los crímenes de lesa humanidad. “Nos encontramos ante una tendencia de considerar el delito económico como de lesa humanidad. Y el problema de estos delitos es que, en muchas ocasiones, están insertos en otros”, manifestó el juez Ricardo de Prada.
“El caso de la corrupción transnacional es más complejo –añadió de Prada-. Hay muchos países con recursos suficientes que, sin embargo, privan a sus ciudadanos de medios, en este sentido a lo mejor no podríamos considerarlos de crímenes internacionales de primer grado, pero sí como crímenes contra los derechos económicos y sociales básicos de los ciudadanos”.
La colaboración internacional, fundamental en la lucha
Sobre el desarrollo de las legislaciones nacionales e internacionales y la colaboración internacional para la detección y persecución de este tipo de delitos, las opiniones de los expertos apuntan a que son fundamentales: “Consideramos la centralización y el apoyo internacional como un pilar fundamental para la investigación y el juzgamiento de estos delitos ya que permite una mayor agilidad en el intercambio de información y datos”, declaró Federico Joaquín Denegri, director de Análisis de la UIF.
Por su parte, Iribarne apuntó que “es importante avanzar en la colaboración internacional ya que a día de hoy todas las peticiones se realizan mediante rogatoria, lo que retrasa de forma considerable las investigaciones”.
Durante las jornadas de trabajo, los asistentes han conocido, de primera mano, la labor de organismos internacionales como Eurojust, entidad de cooperación europea en materia de justicia cuyo objetivo es “aumentar la eficacia de las autoridades nacionales en la investigación y persecución de las formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza, y llevar a los delincuentes ante la justicia de forma rápida y eficaz”.
Se analizaron también las experiencias en trabajos de investigación de blanqueo relacionado con crímenes de lesa humanidad como el ‘Caso Pinochet’; ‘Caso Mubarak’ y el ‘Caso Libia’, que implicó la movilización de los recursos de Eurojust.
El curso de capacitación ha incluido la visita al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de la Policía Nacional y la Guardia Civil; el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En esta actividad formativa también han impartido clases representantes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.