BALTASAR GARZÓN: LA REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL APOYA LA IMPUNIDAD Y MARGINA A LAS VÍCTIMAS
Madrid, 18 de marzo. El juez Baltasar Garzón ha participado hoy en el seminario “Justicia Universal o Impunidad”,celebrado en la sala Clara Campoamor de la Cámara Baja, para denunciar la inconstitucionalidad del artículo 23 de la LOPJ y exigir que “España no siga hacia delante con una ley que apoya la impunidad y margina a las víctimas”.
Garzón ha participado junto con el abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) Manuel Ollé Sesé en este seminario, organizado por el grupo parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) y que ha sido moderado por el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.
Los tres han destacado que el principio de la Justicia Universal es eliminar la impunidad y han denunciado con sus intervenciones que “esta ley destroza los Derechos Humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas y garantiza la libertad de criminales”.
Asimismo, los participantes han señalado que la regularización de este artículo es contraria al Derecho Penal Internacional; contradice todos los convenios de los tratados internacionales; niega la posibilidad de que España colabore con los procesos judiciales abiertos en otros países; supone una “usurpación del poder judicial” y niega la Constitución Española.
Una ley que no respeta la independencia judicial
“Es absolutamente indignante que una ley se entrometa en el poder judicial y más si encima obliga al sobreseimiento de todas las causas abiertas”, ha valorado Ollé Sesé, quien ha denunciado también que “el carácter retrospectivo de esta norma evidencia la intervención del poder legislativo en el judicial”.
Una ley que, según ha explicado Llamazares, “es fruto de la priorización de los negocios e intereses económicos sobre los derechos y la justicia”, nacida de una reforma “sumarísima que se ha sustraído al debate público y de expertos”.
La importancia de la Justicia Universal
España se convirtió en referente de la defensa de los Derechos Humanos en 1996. Sin embargo, la aplicación de esta ley obliga a los jueces a cerrar causas abiertas “con nombre propio”, según ha denunciado Garzón para quien esta ley “viola el convenio contra la tortura, la desaparición de las personas y la prevención del genocidio”.
De este modo, la aplicación de este artículo obliga a los magistrados al sobreseimiento de casos como el genocidio del Tíbet; el asesinato del cámara José Couso en Irak; el genocidio en el Sáhara o la muerte del jesuita Ignacio Ellacuría.
Una ley “innecesaria”
Finalmente, Garzón ha valorado la ley como “innecesaria” y ha animado a los jueces a rechazar la aplicación de esta norma, tal y como ha hecho el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha decidido no archivar la causa de José Couso.
La reforma de este artículo ha sido promovida por el grupo por el grupo parlamentario Popular. Una muestra más “de los intentos de saltarse la justicia de este partido. Sin embargo, ahora la justicia se les vendrá encima”, ha concluido Llamazares.
La reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles con carácter retroactivo y se hizo efectiva el pasado sábado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.