Pese a los escándalos, España mejora su posición en el índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional
Madrid, 3 de diciembre de 2014. Se ha presentado en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2014 de Transparencia Internacional de la mano de tres de los miembros de su Comité de Dirección: Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker y Manuel Villoria Mendieta.
El IPC es un índice agregado que recoge la opinión de los expertos sobre la corrupción en el sector público. Con una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), esta vigésima edición analiza la situación en 175 países, de los cuales más de dos tercios han obtenido una puntuación inferior a 50. España, con 60 puntos, consolida la caída del año 2013, en el que descendió 10 puestos. Empatado con Israel en el lugar 37, nuestro país ostenta la posición 19 en nuestro ámbito regional, inmediatamente por debajo de Portugal y Polonia.
En opinión de Transparencia Internacional, España no sufre una corrupción sistémica, sino gran cantidad de escándalos de corrupción política de altos cargos en los partidos y las distintas entidades territoriales. Siempre desde la ONG, la explicación de la caída en los últimos dos años respondería a complejos factores, destacando, sin embargo, el afloramiento de muchos de los casos de corrupción, la coyuntura económica, y la conjugación paradójica de una mejora de los sistemas de control con la sensación social de impunidad.
Insuficiencias al proyecto de ley de Transparencia
El coloquio con los asistentes dio luz a interesantes posturas que no mostraban total acuerdo con el diagnóstico expresado por los intervinientes. Así, a la tenue crítica a la situación española emitida desde la mesa, en la que destacaba la visión de Antonio Garrigues, que indicaba que España estaba creciendo y que la mayoría de los escándalos de corrupción eran cosa de la pasada época de crecimiento económico, siguieron diferentes cuestiones planteadas por los asistentes.
En las intervenciones del público se resaltaron las insuficiencias del proyecto de Ley de Transparencia, la inaplicación de los instrumentos legales ya previstos y la incidencia decisiva de los partidos políticos, en los que se concentraría la corrupción, en todas las instituciones del Estado y los entes regionales, que se traduce en muchos casos en la falta de independencia de éstos.
En relación a España, se habló de la necesidad de profesionalizar a los altos cargos de la administración, acabando con parte de los nombramientos de cargos de confianza, blindándolos a la caducidad que suponen los procesos electorales. Se destacaron los esfuerzos por firmar acuerdos de transparencia con distintos partidos, colegios profesionales y organismos públicos, resaltando los que ya han firmado UPyD y PSOE.
Desde una perspectiva internacional, queda patente la idea de que, en muchos casos, detrás de los negativos resultados de los países con mayores problemas económicos o de democratización, se encuentra la mano de las empresas de países que presentan mejores números. Esto significa que la responsabilidad de los Estados desarrollados no sería únicamente en relación a la corrupción propia, sino también en relación a la de aquellos países en los que sus empresas tienen posicionamiento.
Selma Gil, abogada de FIBGAR y Víctor Práxedes Saavedra, abogado y voluntario de FIBGAR