BLOG > Vivos se los llevaron, vivos los queremos
Abel, Carlos, Jonás, Jorge, Marcial son los nombres de algunos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde se preparaban para ser profesores. El pasado 26 de septiembre, se manifestaban para pedir mayor financiación para su escuela, destinada a estudiantes de bajos recursos económicos, y contra la discriminación que sufren en la adjudicación de plazas. Al terminar la protesta, un grupo de policías municipales atacó a los manifestantes, seis de ellos perdieron la vida, 17 resultaron heridos y 43 desaparecidos. Según apuntan las investigaciones, los policías habrían actuado junto a miembros del narco “Guerreros Unidos”. Aunque los autores intelectuales habrían sido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, de los que se desconoce su paradero. Ellos se encargaban de entregar cada mes unos 175.000 euros a los “Guerreros Unidos” y serían ellos quienes habrían ordenado el ataque.
Ha pasado un mes desde los graves hechos acontecidos en Iguala y la aparente connivencia entre autoridades y crimen organizado resulta escandalosa. Ante la respuesta poco efectiva y satisfactoria del gobierno, exigimos a las autoridades mexicanas explicaciones completas sobre la desaparición de los 43 estudiantes. El silencio y la lentitud no pueden ser la respuesta a unos hechos que ya han sido calificados como desaparición forzada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El asesinato, así como la desaparición de los estudiantes suponen graves violaciones de los Derechos Humanos. La situación hace indicar que nos encontramos ante un nuevo caso de crímenes de lesa humanidad, por lo que es necesaria una completa depuración de responsabilidades a todos los niveles, sanciones para los responsables y reparación del daño a las víctimas.
El presidente Peña Nieto afirma que su prioridad es encontrar a los estudiantes desaparecidos y se lamenta sobre lo ocurrido, sin embargo, no son suficientes los lamentos, la sociedad mexicana y los familiares de los desaparecidos exigen resultados, acciones y explicaciones completas y transparentes. Así, este mismo fin de semana, han pedido reunirse con Peña Nieto porque acusan a la Procuraduría General de la República de “vincular a los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa con grupos de delincuencia organizada” y piden que se redireccionen las líneas de investigación. En este sentido, Amnistía Internacional en México calificaba de “pantomima” las acciones de búsqueda y señalaba que los hechos de Iguala no son nada nuevo y que se producen “en un contexto donde el Estado mexicano ha sido negligente durante más de una década respecto al tema de los desaparecidos”.
Desgraciadamente, el caso de los estudiantes de Iguala no es el primero. La realidad cotidiana de México está regada cada día por la vida de cientos de personas. Un país asolado por la delincuencia, la corrupción y el crimen organizado donde el asesinato de periodistas, campesinos o el secuestro de sindicalistas son las noticias más habituales. Todo ello viene a formar parte de lo que se denomina narcopolítica, “una gran coalición de autoridades públicas, oligarquías económicas, fuerzas policiales y crimen organizado”, como explica el profesor de Sociología, Marcos Roitman. Las muertes y desapariciones sucedidas en Iguala son un ejemplo más de la narcopolítica, la forma de gobierno que parece haberse instalado en México. Solo, desde 2006, en este país se han producido más de 80.000 asesinatos y ha habido más de 26.000 desaparecidos.
La sociedad mexicana está cansada e indignada por la grave situación de violencia que vive el país y parece haber perdido la confianza en las autoridades e instituciones. Una de las pancartas que este fin de semana recorrían las calles de México nos lanzaba una dura pregunta: ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?
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