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España, entre los países con menor protección de alertadores de Europa

Una nueva serie de reportes independientes producidos por una ONG internacional, Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, coordinado por FIBGAR, Fundación Internacional Baltasar Garzón, y financiado por la Comisión Europea, ha encontrado a España entre los peor situados en la Unión Europea cuando se trata de proveer mecanismos y protección legal para la protección de los alertadores.

Encontrándose entre los siete peores países en la UE, con una puntuación de cero, España tiene un rendimiento pobre. El reporte identifica las dificultades que pueden ser encontradas por los españoles que quieren dar un paso adelante con información sobre prácticas corruptas e ilegales en el sector público o privado, y cómo los estándares internacionales, una vez alcanzados, pueden arreglar esto. Alertar y denunciar es uno de los caminos más efectivos para luchar la corrupción. En el Estudio de Casos de Fraude de 2016, la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE, por su acrónimo en inglés) estimó el impacto de fraude entre los casos analizados en 6,3 billones de dólares anuales e identificó la información provista por los alertadores como el modo más efectivo para detectar la corrupción.

Huecos en el sistema: leyes de protección de Alertadores en la UE es el primer reporte independiente para evaluar las leyes de protección de los alertadores de todos los Estados miembro de la UE, de acuerdo con nueve estándares reconocidos internacionalmente. Seguro o Arrepentido: Leyes de protección de alertadores en Europa, resultados diversos es el primero en evaluar el funcionamiento práctico de las leyes de protección en Europa, logrando los siguiente principales resultados:

  • En las 9 categorías, España fue incapaz de cubrir parte o alguno de los estándares internacionales.
  • 21 países miembro de la UE obtuvo un puntaje mayor que España.
  • Algunos países a lo largo de la UE fueron adoptando leyes de protección de alertadores desde 2013 con un ritmo entusiasta, lo que está dejando a España detrás.
  • Se adoptaron nuevas leyes o protecciones en diez países miembro en los últimos 5 años, incluyendo, más recientemente, a Italia.
  • Más de la mitad de los países miembro cumple en este momento tres estándares internacionales, en parte o completamente.
  • Visto como una unidad, la Unión Europea puede decir que cada estándar es cubierto, en parte o completamente, en 5 o más países miembro.

Sin embargo:

  • El 79% de los países en la Unión Europea obtiene un cero en lo que refiere a la provisión de inmunidad frente a la persecución por exponer información sensible. (Estándar 6 – Ver apéndice en el reporte sobre los “Huecos”)
  • El 75% de los países de la Unión Europea obtiene un cero en las penalidades por las represalias y otros maltratos contra los alertadores (Estándar 7)
  • El 43% de los países miembro cuentan con un cero en lo que respecta proveer diversos canales de denuncia (Estándar 2). Este estándar refleja el compromiso de los países miembros frente a la libertad de expresión.

“Nuestra investigación, muestra que España está en un grupo en el fondo de los países miembro de la Unión Europea cuando hablamos de protección de alertadores”, dijo una de las co-autoras del reporte, Suelette Dreyfus, Directora Ejecutiva de Blueprint. “Pero hay buenas noticias. Existe una oportunidad de mostrar el compromiso de España para luchar contra la corrupción adoptando la mejor ley de protección de alertadores en la Unión Europea hasta el momento. A veces llegar `último a la fiesta‘ puede también dejarte como el `mejor vestido‘”.

“Los alertadores ayudan a elevar los estándares éticos en sociedad”, dijo. “Nos advierten cuando alguien está arrojando residuos tóxicos en nuestros ríos, o maltratando a nuestros ancianos, o robando fondos públicos con contratos corruptos”. “Ayudan a pelear contra la corrupción. La ley debe protegerlos tanto en el papel como en la práctica”, dijo un co-autor del reporte, Garreth Hanley.

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