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Jueces por la Justicia y Democracia del Perú y la Federación de Asociaciones de Jueces para la Democracia de América Latina y el Caribe nombran a Baltasar Garzón miembro honorario

5 de noviembre de 2015. La Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia del Perú (JUSDEM) y la Federación de Asociaciones de Jueces para la Democracia de América Latina y el Caribe han nombrado a Baltasar Garzón miembro honorífico. Esta distinción se llevó a efecto en un acto que tuvo lugar en la tarde del 3 de noviembre en Lima (Perú),  en el centro de convenciones en el que se desarrollaba el Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos en el que intervino el presidente de FIBGAR.

JUSDEM es una asociación formada en 1997 como reacción a la intervención política del poder judicial en el gobierno de Alberto Fujimori, siendo su objetivo principal la defensa de la institucionalidad judicial y su autonomía, la defensa de los derechos humanos y valores democráticos.

Por su parte, la Federación aglutina a diversas asociaciones de jueces y fiscales de Latinoamérica y el Caribe que tienen una lucha y una trayectoria de defensa de los valores democráticos frente a restricciones de la autonomía del poder judicial y de los derechos de los ciudadanos en general.

En palabra de la magistrada Antonia Saquicuray, Secretaria Académica de JUSDEM, “este nombramiento es un reconocimiento a la impecable trayectoria como juez y jurista. El doctor Garzón es, y sigue siendo, ejemplo para todos los jueces y juezas latinoamericanos y del Caribe en la lucha por la defensa y vigencia de los derechos humanos y la justicia universal. Es también un reconocimiento al incansable y continuado apoyo de su persona a los jueces y juezas de la región, que quedó demostrado por su disponibilidad para compartir espacios y conocimientos con los jueces y operadores de justicia de la Corte Superior de Lima”.

Se refería Antonia Saquicuray a la visita de Baltasar Garzón a la sede del Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Lima, donde trató el tema de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción.

Por su parte, el magistrado Jorge Ramírez Niño de Guzmán, presidente de JUSDEM, destacó que “el interés de la asociación en el Congreso y, en general, en este tipo de eventos es que los operadores de la justicia en general, asuman y tomen conciencia de los tratados y convenciones internacionales como normas aplicables en el derecho interno, especialmente en temas que son de derechos humanos y de interés general, como en este caso que influye transversalmente en temas de género”.

Justicia Reproductiva

La cuarta edición del Congreso tenía como subtítulo La Hora de la Justicia Reproductiva: Intersecciones entre la Violencia contra la Mujer y los Derechos Humanos. Los ejes temáticos fueron el acceso a la justicia, incluyendo la justicia transnacional, en materia de derechos reproductivos; el derecho penal y los derechos reproductivos y las responsabilidades del Estado. Acudieron 450 profesionales entre  jueces, fiscales, abogados, sanitarios, académicos y profesionales de organizaciones de la sociedad civil.

En su intervención, Baltasar Garzón hizo referencia al caso de las más de 272.000 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías que constató la Defensoría del Pueblo  y realizadas entre 1996 y 2001 en la época del Gobierno Fujimori. No se conoce el porcentaje de estas intervenciones realizadas de forma presuntamente forzada y con coacciones.

Ante la sospecha de que esas coacciones se hubieran producido, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos recomendó reabrir el caso, lo que se hizo en 2013. La muerte de una mujer campesina, Mamérita Mestanza , en 1998 tras someterse a una ligadura de trompas fue la espoleta para esta reapertura. A ella se refirió Garzón  urgiendo al Gobierno a resolver cuanto antes el caso.

 “La única manera de saber si de verdad el  Estado es culpable en el caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori es acelerar la investigación. Estos casos no se han profundizado judicialmente”, aseveró el juez. Añadió que  el Estado peruano  “debería desarrollar un programa de capacitación y sensibilización en derechos humanos y reproductivos a los funcionarios de los diversos escalafones para cumplir de manera efectiva con la distribución de justicia”.

 

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