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Baltasar Garzón: la lucha contra la corrupción en casi todos los países ha sido aislada, casi heroica

Sonia Agudo Capón. Directora de Proyectos de la  Fundación Internacional Baltasar Garzón

Madrid, 2 de junio de 2017.- Bajo el panel con título “Luchar contra el crimen en una democracia: papel y límites del sistema de justicia penal” algunos de los magistrados más famosos en el ámbito de la lucha anticorrupción se reunieron en las Conferencias de Estoril el pasado 30 de Mayo. Participaron Baltasar Garzón, presidente de FIBGAR; el ex juez italiano Antonio Di Pietro, conocido por el caso Manos Limpias sobre corrupción política en los años 90; el mediático juez brasileño Sérgio Moro, del caso Lava Jato; y el portugués Carlos Alexandre, responsable de investigar al ex primer ministro luso José Sócrates.

Este importante foro internacional, creado en 2009 y de periodicidad bienal, acoge en cada edición a más de 800 participantes. Desde sus inicios ha conseguido reunir a personas de los cinco continentes, entre las que figuran 26 jefes de Estado y 9 premios Nobel. A 20 kilómetros de Lisboa en el Centro de Congresos de Estoril, la quinta edición de esta iniciativa municipal expuso las diferentes perspectivas de la Globalización y sus efectos sobre la población mundial. 

Con el lema "Migración global: Dejar el hogar en un mundo globalizado” ha vuelto a convocar a importantes oradores de diversos puntos del planeta para un debate de altísimo nivel centrado en los problemas del mundo global. Entre los invitados de este año destacaron nombres como el de la Nobel de Paz Jody Williams, el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el representante de México en la ONU, Juan José Gómez Camacho.

Indudablemente, el debate centrado en cómo combatir la corrupción en democracia desde el punto de vista judicial, fue uno de los puntos fuertes del programa. El juez portugués Carlos Alexandre afirmó que "la corrupción es tan antigua como el mundo y un delito instrumental del crimen organizado". Puso de manifiesto que estos crímenes tienen un sistema de organización empresarial muy sofisticado y de estructura transnacional con grandes medios financieros que provienen del tráfico de drogas. Hizo un llamamiento a la sociedad civil para que se indigne contra estos crímenes porque "es la democracia lo que está en juego".

Para el juez brasileño Sérgio Moro, el problema existe cuando la corrupción se vuelve sistémica, lo cual "aleja la inversión internacional e incluso la nacional, poniendo en riesgo a las instituciones democráticas". El italiano António Di Pietro manifestó a su vez su preocupación por la disminución de los derechos y el debilitamiento de la democracia en nombre de la seguridad: "en los crímenes más graves como el terrorismo, debemos conciliar la necesidad de prevención y combate con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

No hay normas claras

Baltasar Garzón, con sus declaraciones, consiguió romper con la línea discursiva habitual en este tipo de debates. Afirmó con rotundidad que no existen normas claras en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y las autoridades que investigan estos casos lo hacen sólo puntualmente. En sus propias palabras: “la lucha contra la corrupción en casi todos los países ha sido aislada, puntual, casi heroica”. Aseguró que actualmente en Europa existen los medios legales necesarios para hacer frente a la corrupción pero que si esa lucha no se concreta es porque no hay una verdadera voluntad para acabar con este tipo de delitos. Erradicar la corrupción tan sólo es posible a través de un "contrato de ciudadanía" y utilizando entre todos la "transparencia" como arma de combate. Alertó que si la corrupción se acepta como un componente de la democracia "estamos perdidos", y admitió que los jueces no son infalibles. Por eso la transparencia también tiene que ser interna en el poder judicial, porque tal y como se atrevió a afirmar "existe corrupción en las más altas esferas judiciales".

Como ejemplo de esta falta de voluntad, citó los paraísos fiscales, o “vertederos sociales”, como él prefiere denominarlos. Calificó de "absolutamente inaceptable" que organizaciones como la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consientan su existencia. Poniendo de ejemplo su propia experiencia personal, sostuvo que "quizá llegue el día en que combatir la corrupción no sea sólo la voluntad de unos pocos y que sea algo que todos y cada uno de nosotros lo veamos como propio y necesario. Erradicar o expulsar al menos de la vida pública a aquellos que se aprovechan para enriquecerse y empobrecer a toda la ciudadanía".

También hizo énfasis en la situación de España, donde ya en el año 1994 él, junto a otros pocos valientes, exigieron que el delito de financiación ilegal de los partidos políticos se incluyera en el Código Penal. No fue hasta 2015 cuando tomó forma esta petición. Tal y como afirmó, hicieron falta más de 20 años para darse cuenta de que “la financiación de los partidos no era una vía, ni un río, sino un océano de corrupción. Por una sencilla razón: se financia aquello de lo que se espera obtener un beneficio”. También se mostró esperanzado, sosteniendo que ahora existe un elemento diferencial: la indignación, la intransigencia y la intolerancia de los ciudadanos. “Después de la crisis económica y de tantos golpes, se ha dicho basta”.

Terminó  su intervención incidiendo en que cada uno tenemos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en esta lucha, a pesar de que a su vez, la libertad de expresión parece estar en peligro de extinción. Siguiendo esta misma línea, la segunda parte de la participación de Garzón consistió en un debate en vivo con Edward Snowden (conectado desde Moscú a través de una pantalla). A través de un intercambio de ideas en torno a los límites de la Seguridad Nacional, destacó la urgencia de proteger a periodistas, informantes y whistleblowers en su papel de agentes de transparencia y garantes de la verdadera democracia. La Seguridad Estatal, como está definida actualmente, vulnera derechos fundamentales y se opone al concepto real de Seguridad Ciudadana. Prueba de ello es que los ciudadanos que se han atrevido a revelar amenazas contra el interés público terminan estigmatizados, exiliados, arruinados y condenados. Según Baltasar Garzón, “son ciudadanos que se arriesgan a darlo todo, y lo pierden todo”. 

Este artículo también se publico en el Confilegal 

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