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Vivir la diferencia en igualdad

Sonia Agudo. Departamento de Proyectos FIBGAR

Madrid, 7 de diciembre de 2016. En América, el vínculo entre los estados y su población indígena se ha construido de manera tan desigual como lo es la geografía que comprenden sus fronteras. Los pueblos indígenas de Latinoamérica comparten un largo proceso de despojo de tierras y recursos naturales. Padecen discriminación, pobreza, territorios violados sistemáticamente y tierras insuficientes en las que habitar. Esto determina el tipo de relación que cada pueblo establece con el Estado que ha de protegerle. Es imposible que una nación conviva en paz con sus pueblos indígenas mientras no reconozca el derecho a reclamar, recuperar y reconstruir sus tierras ancestrales. Muchos gobiernos siguen sin asumir que dicha reconstrucción de sus territorios patrimoniales es una labor sumamente compleja de la cual son garantes principales. Sin embargo existen razones para el optimismo. Hay avances muy positivos para la vida, las tierras y los valores de estos pueblos, que promueven la relevancia de su identidad y creencias en la actualidad.

Están despiertos, más que nunca. Ellos no han dejado de estarlo, pero ha hecho falta un largo proceso de toma de conciencia de los pueblos indígenas frente a su situación de discriminación política, económica y cultural en los países que habitan. También los estados han tenido que despertar, pero ellos lo han hecho sólo ante el ruido de un sufrimiento insostenible. Casi a la fuerza han tenido que asumir que el legado de horror de sus habitantes originarios no es una pesadilla que pueda ignorarse.

Como resultado de este doble despertar, muchos pueblos son capaces ahora de reivindicar no solo los derechos individuales que les corresponden como sujetos, sino también un conjunto de derechos colectivos que les asisten como comunidades. Hay avances tan significativos como el desarrollo de derechos de participación en las instancias de toma de decisión de los estados o el derecho a la libre determinación y a la autonomía. La movilización indígena en el reclamo del reconocimiento de sus derechos ha sido determinante en las transformaciones jurídicas y políticas introducidas por la mayor parte de los estados a partir de los años ochenta.

Los organismos internacionales también tienen un papel fundamental en este despertar, promoviendo los derechos de los pueblos indígenas en diversas instancias y tratados. El Derecho Internacional de los derechos humanos ha sido esencial en este proceso. Su impacto se ve reflejado en el importante número de estados de América Latina que han ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, N.° 169, de la Organización Internacional del Trabajo. En él se reconoce “el derecho colectivo de propiedad basado en títulos ancestrales y establece el deber del Estado de proteger tales derechos”. Reivindica la necesaria consulta sobre el uso de sus recursos naturales, ante cualquier tipo de proyecto en tierras indígenas. Además incluye el empleo y la formación profesional, la educación, la seguridad social y la salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, las lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de las fronteras. Este Tratado Internacional es de carácter obligatorio para los Estados en virtud de su ratificación. Sin embargo no es garantía de mejora; en muchos casos la situación de los pueblos indígenas se mantiene igual, y en algunos países incluso ha empeorado.

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas refleja “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma respecto a estos últimos que  “su goce efectivo implica no solo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra”.

Todos estamos despertando, o tenemos la responsabilidad de hacerlo. Los abusos de los derechos de los pueblos indígenas copan ahora titulares internacionales. En el caso de los yanomamis de Brasil una campaña internacional ayudó a garantizarles sus tierras, dando lugar a una de las áreas de selva protegida más grandes del mundo. El movimiento por los derechos de los pueblos indígenas y tribales es más activo que nunca. Cada vez más indígenas deciden crear sus propios espacios contra la discriminación. Un ejemplo son las cooperativas de ahorro y crédito lideradas por indígenas en Ecuador. La más exitosa es Mushuc Runa (hombre nuevo en kiwcha) que apadrina al primer equipo de fútbol de indígenas, que ya juega en la primera división del campeonato nacional. Los tribunales están más dispuestos que nunca a enfrentarse a los gobiernos. En Paraguay por ejemplo, se firmó recientemente un histórico proyecto de ley para la expropiación de 14.404 hectáreas en el Chaco a favor del Pueblo Enxet, tras casi 30 años de despojo.

Persisten muchos obstáculos para recomponer este vínculo históricamente dañado, que exige un verdadero despertar intercultural que dista mucho de ser completo. La brecha de implementación ha sido una característica común en América Latina, donde los avances constitucionales no siempre se traducen en políticas públicas efectivas. Sin embargo, hace años era impensable reforzar la identidad cultural, histórica y lingüística de los pueblos indígenas. El patrón colonial caracterizado por el paternalismo, cede paso lentamente a la incorporación de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos internos de los estados latinoamericanos.

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