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Susana Díez inaugura la IX edición de los cursos universitarios de verano en Torres

Jaén, 21 de julio. El juez Baltasar Garzón dirige la novena edición de los Cursos Universitarios de Verano de Torres (Jaén), una cita académica que, entre los días 21 y 25 de julio, permite a los alumnos y alumnas          de la Universidad de Jaén, y todo aquél interesado, conocer la situación actual de la justicia en España.

De este modo, la ciudad natal del magistrado se convierte un año más en el lugar perfecto para localizar estos cursos estivales, centrados en la defensa y la promoción de la Justicia y con los que FIBGAR se compromete anualmente mediante la elaboración de algunos de sus contenidos.

En esta ocasión, la Fundación Internacional Baltasar Garzón inaugurará esta novena edición mediante la celebración del curso “Justicia Transicional: ¿una solución para las víctimas?”,  que está reuniendo, los días 21 y 22 de julio, a numerosos expertos como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados de Argentina Remo Carlotto; el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Juan Martín Fresneda; o los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y José Ricardo de Prada. 

                Los días 23 y 24 de julio, FIBGAR organiza el curso “Acciones preventivas en violencia de género: desde las políticas públicas a la acción ciudadana”, que pretende enfatizar las labores de prevención y sensibilización en la sociedad contra los actos de violencia machista.  Paloma Soria Montañez, abogada y miembro de la plataforma Women’s Links Worldwide y Miguel Lorente Acosta, médico forense y exdelegado de Gobierno en Violencia de Género, entre otros, compartirán sus experiencias con los asistentes.

                “Problemas actuales de las corporaciones locales y análisis de la nueva ley de administración local” será el título del curso de clausura, que tendrá lugar los días 24 y 25 de julio. Juan Cano Bueso, Catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, y Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén serán los coordinadores de este curso, organizado por la Universidad de Jaén, el Consejo Consultivo de Andalucía y el Ayuntamiento de Torres.

Acto inaugural

Juan Carlos Castillo Armenteros, Vicerrector de Docencia y Profesorado; Diego Montesinos,  alcalde presidente del Ayuntamiento de Torres; Pilar Parras, Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén;  Juan Cano Bueso, Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR; y Susana Díaz Pacheco, Presidenta de la Junta de Andalucía, han sido los encargados de inaugurar esta edición de los cursos.

Armentero ha destacado el hecho de que los cursos “acercarán a los participantes la realidad social, a través de la justicia transicional y las políticas de violencia de género´. Diego Montesinos Moya, por su parte, ha incidido en que “los cursos se han convertido en un referente cultural y académico”, deseando que “que esta edición vuelva a ser un éxito como las anteriores”

Parras Ruiz ha afirmado que, desde la Diputación, se ha querido apoyar estas jornadas de verano para que sean posibles estos “foros de debate en el que participan primeras figuras sobre temas de máxima actualidad”. 

Juan Cano Bueso ha ensalzado el papel de los cursos como “foro de debate idóneo para discutir con los ciudadanos problemas atinentes sobre cuestiones”. Mientras, Baltasar Garzón ha señalado que se reúnen importantes “experiencias de distintos países y puntos de vista”.

La esperada intervención de Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía, ha comenzado mediante el manifiesto de su “compromiso con la justicia transicional” y “con la lucha contra una lacra que todavía hoy sigue llevándose por delante la vida de nuestras mujeres, la violencia de género”.

Díaz ha agregado que los temas que van a tratarse en estas jornadas “son fundamentales para el desarrollo de una sociedad moderna”. “No debemos permitir pasos atrás en conquistas sociales por las que ha peleado y perdido tanto tanta gente”, ha añadido. “Quiero un país con derechos y libertades donde la gente se sienta orgullosa de pertenecer”.

La Presidenta también ha ahondado más profundidad en los dos cursos que ha organizado este año FIBGAR. “Tenemos una obligación moral con la sociedad. Hay que combatir una lacra de la sociedad, como que a día de hoy sigan muriendo mujeres por parte de sus parejas y ex parejas. No podemos permitir ninguna de las manifestaciones de la violencia de género, ni siquiera los chistes o comentarios jocosos, porque tienen una carga detrás”, ha dicho respecto al curso que tratará esta materia. No ha olvidado el que se refiere a la Justicia Transicional, apuntando que la comunidad andaluza va a "marcar la dirección" en materia de Memoria Histórica con su futura Ley de Memoria Democrática, que "será la más avanzada, más avanzada incluso que la nacional".

Mesa redonda “La Justicia transicional en el Derecho Internacional”

Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, ha sido el encargado de moderar esta mesa de la mañana.

Remo de Carlotto, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en Argentina, ha hecho un repaso a la dictadura cívico-militar argentina y las violaciones de Derechos Humanos que se sucedieron del 1976 al 1983 en su país, destacando la intención de la democracia de “aplicar el terror sobre el conjunto de la población”. Ha resaltado, especialmente, la Comisión de la Verdad conformada en Argentina tras el fin de la Dictadura y las dificultades con las que ésta se topó, como la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia de Vida. Carlotto ha recordado asimismo la importancia de la aplicación de la Jurisdicción Universal por parte del juez Baltasar Garzón en España, lo cual permitió “encontrar a los argentinos una luz que permitiera que nuestras demandas de justicia fueran escuchadas”. “Estamos poniendo nuestros avances y retrocesos a disposición de España. Creemos que más temprano que tarde vamos a obtener justicia por todas y cada una de las víctimas”, ha concluido.

Manuel Ramiro Muñoz, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia), ha tratado el caso colombiano y el conflicto armado que comenzó hace ya más de 30 años, especialmente, en relación con las tribus indígenas, con quienes él colabora estrechamente. La reparación, según Ramiro, quedó a medio camino con una fuerte protesta de las víctimas, ya que la ley era una “ley de justicia transicional de victimarios y para victimarios”. Las víctimas necesitaban una ley que les permitiera reivindicar sus derechos, constituyéndose la Ley de Víctimas y Tierras”. También ha resaltado la importancia de que Colombia “no se trate de hacer entender que hay víctimas de primera, segunda y tercera categoría”.

Almudena Bernabéu, abogada y directora del Programa Jurídico de Latinoamérica de del Programa de Justicia Universal del Center for Justice and Accountability de San Francisco (EE.UU.), ha descrito la Justicia Transicional como el conjunto de procesos para la reparación de la víctima en casos, como los regímenes dictatoriales, en los que se han sufrido abusos o graves violaciones de los Derechos Humanos.  “Podemos atribuir el éxito de la Justicia Transicional a Latinoamérica” con ejemplos como los de Argentina, Chile, Colombia o Guatemala, ha afirmado Bernabéu, agregando que la inclusión de las víctimas en estos procesos y la importancia de las garantías de no repetición son “piezas clave”.

Por último, Antoni Blanc Altemir, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Lleida, ha señalado la importancia de la Corte Penal Internacional y de los Tribunales especiales como los de Ruanda, Sierra Leona… Sin embargo, según Blanc Altemir, sigue existiendo gran dificultad a la hora de cumplir la Justicia Transicional, como el “fantasma de las Amnistías”, lo cual supone que continúe “existiendo impunidad en este contexto a lo largo y ancho de este mundo”. “El Estado está obligado a perseguir las violaciones masivas y sistemáticas de DDHH, porque atentan a la dignidad humana y por tanto a la comunidad internacional en su conjunto”, ha seguido afirmando el catedrático, quien ha finalizado señalando la importancia de las Comisiones de la Verdad, ya que “no sólo revelan, sino que hacen un relato en el que las víctimas son las protagonistas”