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Puerto Rico, primera sede de discusión de los Nuevos Principios de Jurisdicción Universal

Manuel M. Vergara Céspedes. Director del Departamento Legal de FIBGAR

Madrid, 24 de mayo de 20415. Durante dos jornadas, entre el 6 y 7 de mayo, 14 expertos se dieron cita en San Juan (Puerto Rico) para buscar respuestas a los retos de la jurisdicción universal. Se trata de un proyecto capitaneado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) que busca reunir a especialistas de todo el mundo en sesiones en cada continente para consolidar un nuevo instrumento para combatir la impunidad.

Todo comenzó en mayo de 2014, cuando en el I Congreso Internacional de Jurisdicción Universal se presento la propuesta de los Principios de Madrid que ahora es objeto de debate. Es todo un esfuerzo por actualizar los Principios de Princeton de 2001 que con gran éxito articularon los ejes rectores de este mecanismo de justicia: la jurisdicción universal.

En esta primera reunión se dieron cita grandes conocedores del derecho internacional de diferentes países: Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Perú, Ecuador, El Salvador, México, Benín, Camerún, Guatemala y España. Cada participante hizo una presentación breve de un principio o bloque de principios dando paso al debate. Los temas suscitados fueron de gran interés: la lucha contra la impunidad derivada de los crímenes económicos o contra el medioambiente, la relación entre los tribunales nacionales y la Corte Penal Internacional o la justicia transicional y la protección de víctimas y testigos.

Hubo un gran consenso en la necesidad de empezar a plantear soluciones y formas de combatir aquellas grandes atrocidades con contenido económico o que resultan de un grave atentado contra naturaleza. Son muchos los pueblos y comunidades los que padecen hambrunas,  dejan de tener acceso a los recursos básicos, contemplan cómo la especulación destruye sus estructuras económicas y son lenta o rápidamente conducidas a la desaparición. Estos crímenes presentan consecuencias muy parecidas a la de los crímenes internacionales clásicos como el genocidio o la lesa humanidad y reclaman una respuesta robusta por parte de la comunidad internacional. Éste fue uno de los esfuerzos del proyecto en que trabaja FIBGAR y más concretamente el primer Grupo de Trabajo: impulsar la jurisdicción universal como instrumento válido en la lucha contra la impunidad, también para estos casos de barbarie.

Crímenes medioambientales y económicos

El experto ecuatoriano Carlos Poveda enriqueció el diálogo al compartir sus experiencias en el Cono Sur, especialmente con los casos de Perú y Bolivia que han realizado grandes avances en el reconocimiento de la Pachamama, o Madre Naturaleza, como sujeto de protección jurídica. Su presentación ayudó a los asistentes y al público a comprender los fundamentos que apoyan la persecución universal de los crímenes medioambientales.

Por su parte, el catedrático camerunés afincado en Estados Unidos, Ndiva Kofele-Kale, dio su sólido apoyo a la persecución universal de crímenes económicos desde un doble punto de vista: aquellos delitos que ya comprenden la jurisdicción universal a través de tratados internacionales, y la relación entre aquéllos y los crímenes de lesa humanidad por acarrear resultados análogos.

El ex Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank la Rue, pudo compartir algunas de sus experiencias en Guatemala y el valor del acceso a la información como derecho humano de las víctimas a los largo de las investigaciones en procesos de jurisdicción universal. También se ocuparon de las víctimas Benjamín Cuellar y la ex Magistrada Mirna Perla que trajeron el caso salvadoreño a la mesa de debate de este grupo de trabajo.

La reputada experta Naomi Roth-Arriaza repasó y desmenuzó los obstáculos con los que la jurisdicción universal se suele topar: las inmunidades, las amnistías, los indultos y hasta el cálculo de las penas. Otros expertos asistentes fueron Gonzalo Bonifaz, diplomático peruano; Nancy López, defensora de derechos humanos en México; Roland Adjovi, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias; Marco Abarca, profesor costarricense en la Universidad de Puerto Rico, o Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso.

Todos sus comentarios y observaciones fueron recabados y servirán para consensuar el texto final en el II Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en Buenos Aires que contará con representación de cada grupo regional. Se trata de un primer paso en un ambicioso proyecto que dará a las víctimas y defensores de derechos humanos un nuevo instrumento de apoyo e interpretación para luchar por sus derechos. 

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