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Póker, carne podrida y contratos públicos

Sonia Agudo Capón. Directora del Departamento de Proyectos de FIBGAR

 

Madrid, 29 de agosto de 2017. ¿Qué tienen en común un árbitro de fútbol, dos policías, una enfermera, una especialista en marketing, un médico, una consultora financiera, un bioquímico, un psiquiatra, cinco agentes de inteligencia, un camionero y cuatro periodistas? A nivel biológico y sociocultural mucho. En términos más cualitativos les une algo inapelable: todos son víctimas de su propia integridad. Algunos ya no están vivos, como el holandés Gotlieb que no pudo más y se suicidó hace tres años. A otros les suicidaron. El resto sobrelleva como puede las heridas de un combate semejante al de David contra Goliat.

 

Todos ellos actuaron como whistleblowers, es decir, como alertadores. Tenían una vida aceptablemente normal hasta que se tropezaron con hechos que desafiaban una escala de valores que a priori todos decimos defender. El camionero alemán vio durante meses cómo cambiaban el etiquetado y la fecha de carne ya podrida para seguir comerciando con ella. El médico croata fue testigo de cómo su Gobierno dejó de comprar la vacuna de la Gripe A porque resultaba más rentable para los laboratorios vender medicamentos paliativos. La enfermera geriátrica Brigitte presenció las condiciones deplorables y las muertes evitables derivadas del hacinamiento en la residencia de ancianos donde trabajaba. Todos ellos decidieron denunciar y lo hicieron por el bien común. Ni el camionero consumía carne, ni el médico padecía Gripe A, ni la enfermera tenía familiares ingresados en la residencia. Pusieron en riesgo su vida personal y profesional por el bien del resto de ciudadanos. Todos fueron despedidos, acosados y desacreditados públicamente.

 

En 2009 un funcionario del Ministerio de Salud de Austria descubrió que un contrato de limpieza para un hospital público de Viena se concedió a una subcontrata que no era la mejor solicitante en el proceso de licitación. Tras meses de investigación fuera de sus competencias, descubrió que la empresa organizaba noches de póker y fiestas de champán con empleados del hospital. Tras denunciar de forma interna inútilmente, acudió al periódico “Die Presse”. En cuestión de semanas comenzó a ser acosado en el trabajo y despedido por no ser “capaz de tomar decisiones”. La historia motivó a otros a hablar, incluyendo a un representante de otra empresa que pujaba por el mismo contrato en el hospital. Cuando alertó de la situación al director del hospital, se le instó a “permanecer callado por su propio bien”.

 

Existe en España un refrán que dice algo así como “lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”. Es curioso que se aplique también a aquellos que deciden jugarse todo lo que tienen para protegernos de amenazas que afectan a toda la sociedad. Lejos de reconocerse su mérito, se les castiga y desacredita. La valentía queda deshonrada por el “algo busca” y nadie quiere convertirse en chivato en una sociedad de cobardes.

 

A pesar de lo ilustrativo de nuestro refranero, esta propensión al descrédito y a apalear al mensajero no es española ni latina. Tampoco es ninguna particularidad cultural atribuible a corrientes religiosas como el catolicismo, luteranismo, calvinismo o anglicanismo. En lo relativo a la defensa de cualquier ciudadano que se arriesgue a ser un alertador, la negligencia es universal.

 

Esto queda reflejado en un mapa interactivo que recoge las conclusiones obtenidas por el proyecto de la Comisión Europea A Change of Direction, que nace de la apremiante necesidad de construir entre los estados miembros un marco de protección que garantice la seguridad de quien se arriesgue a ser alertador. La Fundación Internacional Baltasar Garzón coordina desde marzo del 2016 este trabajo y tras más de un año de intensa investigación, incidencia política y comunicación, el proyecto ha generado un estudio sin precedente: los Informes País.  Estos muestran de forma clara y por niveles la mayormente precaria situación de los alertadores en los 28 estados miembros de la Unión Europea. No sólo se analiza en ellos la existencia de legislación dedicada a su protección, sino que también tienen en cuenta la legislación laboral y penal, así como otras herramientas legales que pueden dar soporte a los alertadores, desincentivar las revelaciones o poner en riesgo su seguridad.

 

Este análisis exhaustivo facilita el manejo de datos y su comprensión teniendo en cuenta el contexto socio-político en cada país. El mapa ilustra por países y de forma concisa la existencia de: protección completa o parcial a través de una ley, autoridad competente para otorgar dicha protección, definición legal, iniciativas políticas en trámite, término adaptado al idioma nacional (resulta muy complejo hallar un concepto equivalente a whistleblower en otros idiomas que no contenga tintes despectivos), estudio de casos emblemáticos y percepción positiva del papel de estos ciudadanos.

 

Estos Informes País marcan un antes y un después en materia de protección de alertadores y se realizaron siguiendo los Principios de Protección de la organización especializada en libertad de expresión a nivel global Blueprint For Free Speech. Llama la atención que mientras los mejores índices los presentan países como Países Bajos, Irlanda o el Reino Unido, sean Finlandia y Dinamarca los países que presentan las más graves deficiencias. España ocupa uno de los últimos lugares de la lista, sin ni siquiera una ley que garantice la seguridad de aquellos ciudadanos que velan por nuestro bienestar. Seres humanos que siguen usando sus pequeñas hondas para disparar contra los Goliats que nos expolian, contaminan, enferman y oprimen.


Este artículo se publicó también en El Confilegal

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