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Los derechos de las víctimas del Franquismo siguen sin ser reconocidos

Jaime Ruiz. Presidente Plataforma Comisión de la Verdad

Hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que podemos utilizar para realizar alguna reflexión. Reflexionar, por ejemplo, sobre nuestro país que padece ya unos cuantos años de crisis, de empobrecimiento, recortes de derechos y limitación de garantías en procesos jurídicos, impensables hasta hace poco tiempo. Me ha sorprendido, por oportuna, la lectura de una entrevista del profesor John H. Elliott (catedrático en Oxford) en la que se atrevía a señalar que lo que nos ocurría como país tenía su origen y se mantenía vivo en el monólogo dictatorial que impuso el franquismo como una manera de ser. Y yo añadiría: y por el hecho de no ser ciudadano.

 Cuarenta años de una brutal dictadura continúa arrojando su sombra sobre nuestra sociedad, de muy diversas maneras; la más evidente y grave es la que mantiene a las víctimas de ese régimen sin derechos, incluso sin reconocer su condición de víctimas, su situación de olvido, su total desamparo lo que supone una violación continuada de los Derechos Humanos, unos derechos vulnerados desde hace más de 80 años y que continúan sin ser restaurados. Hoy, volvemos a repetir que este país europeo que es el nuestro, mantiene más de 2.300 fosas comunes repartidas por su territorio, más de 150.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados o cambiados de identidad.

 Todo esto supone la existencia de impunidad, impunidad que niega derechos a las víctimas como el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, derechos que son imprescriptibles, «derecho absoluto y obligación que el Estado Español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional».

 Coincide esta conmemoración con una campaña electoral de resultados y conformación de Gobierno nada claro por sus diversas y posibles combinaciones. Síntoma de que en efecto se puede abrir una nueva etapa o ciclo político que podría revisar los 40 años pasados desde la muerte del dictador y los casi tantos desde que nos dotamos de una Constitución en 1978.

 Desde la Plataforma Comisión de la Verdad nos hemos dirigido a los candidatos a la Presidencia del Gobierno para instarles a que apliquen la legislación internacional y se comprometan con implementar las resoluciones de  Naciones Unidas que afectan a las víctimas, a los poderes públicos y al "deber de memoria" exigible a una sociedad democrática. Ese compromiso se concreta, en nuestra opinión, entre otras iniciativas en impulsar en la próxima legislatura la constitución de una Comisión de la Verdad que emane de las Cortes, tal y como plantea la ONU. Es una fórmula que ha sido adoptada por más de 40 países de todo el mundo que, como nosotros, han sufrido dictaduras, violaciones masivas de los Derechos Humanos y crímenes contra la humanidad.

  Después de tantos años de olvido no tendría justificación alguna que el Estado, el Gobierno y las instituciones volvieran a dar la espalda a una gran tragedia humanitaria que afecta a cientos de miles de víctimas de lesa humanidad. La última vez de esta omisión se produjo cuando fueron excluidos de la Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito aprobada por el Parlamento español, que una vez más establece dos categorías de víctimas: unas con derechos y otras sin reconocimiento, abandonadas a su suerte.

 En el día Internacional de los Derechos Humanos, la Plataforma por la Comisión de la Verdad, exige el cumplimiento de estos derechos en nuestra sociedad y una vez más reclamamos hacer efectivo el derecho a la verdad, tanto de las víctimas y familiares como para el conjunto de la sociedad.

 La grandeza de la política se consigue cuando sus organizaciones se enfrentan en primer lugar a los problemas más graves que afectan a los ciudadanos. Hoy, día 10 de diciembre de 2015, atender y proteger a las víctimas es una cuestión de Derechos Humanos y un asunto de prioridad política para todos; pues no podremos avanzar en una democracia sana si mantenemos en el olvido a quiénes defendieron la legalidad democrática. El cumplimiento de los Derechos Humanos, todos, es una exigencia que garantiza la convivencia democrática y hace más libres a sus ciudadanos.

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