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El relator de la ONU Pablo de Greiff lamenta la enorme distancia entre el Estado y las víctimas del franquismo

Madrid, 4 Feb 2014. - Sus consideraciones preliminares transmiten una profunda comprensión de la problemática que vive nuestro país en torno a los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y dan respuesta a aquellos que se oponen a tomar medidas en favor de las víctimas. El Relator señala que la distancia que existe entre el Estado y las víctimas es la mayor que ha visto en toda su carrera profesional y que las expectativas de las víctimas no pueden considerarse desmedidas en relación a lo que otros países han conseguido en materia de justicia, verdad, reparación y medidas de no  repetición. Compartimos con De Greiff que las medidas de justicia, verdad, reparación y no repetición traen consigo el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y que sus beneficios están siendo subestimados por España.

Ante el tantas veces repetido argumento de que tocar lo ocurrido durante la Guerra Civil y el franquismo supone “resurgir odios subyacientes”, De Greiff aclara que dicha actitud no hace sino ir en retroceso de los avances logrados por la democracia española, algo con lo que sin duda coincidimos. Cabe resaltar también, por su especial relevancia en el contexto español, que la implementación de las mencionadas medidas no es “asunto de política partidista, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos”. Efectivamente, compartimos con el Relator la afirmación de no estar ante una discusión política sino puramente de Derechos Humanos.

En materia de justicia, el Relator hace suyas las recomendaciones del Comité contra la Tortura y el Comité contra la desaparición forzada e insta a al Estado a privar de efectos a la ley de amnistía. A este respecto, manifiesta su sorpresa ante la postura tanto de la Audiencia Nacional como del Fiscal General sobre la aplicación de dicha ley. Desde FIBGAR consideramos inaceptable que siquiera se permita debatir este asunto en el seno del Tribunal Constitucional, con independencia del resultado de este proceso. Al igual que De Greiff, vemos que el patrón de archivo en las causas del franquismo difiere del adoptado en los casos Scilingo y Pinochet, impidiendo de este modo el acceso de las víctimas a la justicia. Por último, compartimos con de Greiff nuestra preocupación por la falta de colaboración con Argentina y la recientemente presentada proposición de ley para la limitar el principio de jurisdicción universal. Ésto último evidencia el total abandono de las víctimas por el Estado español, no solo las de nuestra dictadura, sino también las víctimas de crímenes atroces en todo el mundo.

En lo que a verdad se refiere, y tal como le trasladamos en nuestra reunión, De Greiff observa que no existe una política de Estado y recomienda la creación de una institución que sistematice la información, identifique lagunas en el conocimiento, trace un plan para llevar a cabo investigaciones, estimule la coordinación de esfuerzos y pueda acceder a todos los fondos documentales. FIBGAR coindice con De Greiff en que una Comisión de la Verdad ayudaría a superar muchos de los obstáculos con lo que se encuentran las víctimas en materia de verdad.

Compartimos igualmente la necesidad de ampliar la cobertura de los programas de reparación a todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, anular las sentencias emitidas por tribunales creados durante el periodo franquista, y tomar medidas para garantizar la restitución de propiedades y documentos incautados a particulares.

En cuanto a las medidas de no repetición, recibimos con agrado que el Relator se haya empleado con dureza para describir al Valle de los Caídos, al que califica de “motivo de indignación profunda”. FIBGAR estima igualmente adecuado el mensaje de confianza lanzado por el Relator. El ninguneo que sufren las víctimas de crímenes internacionales en nuestro país no responde a los valores de nuestra democracia y no es propio de un Estado de derecho con instituciones fuertes. Nuestro Estado no tiene pretexto alguno para no actuar. Los organismos internacionales de Derechos Humanos miran con lupa a España y es momento de demostrar que sabemos cumplir con nuestros compromisos internacionales. 

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