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El Gobierno debe derogar la ley de tasas al suponer un obstáculo al acceso a la justicia

Madrid, 1 de octubre. Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) pedimos al Gobierno de España y al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que deroguen la actual Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como la Ley de Tasas, al entender que no consigue nada más que entorpecer y hacer inaccesible la Justicia para gran parte de la ciudadanía. Por este motivo, acogemos las palabras de Catalá en su presentación ministerial  donde se ha mostrado dispuesto a revisar esta normativa y esperamos que lo haga en la mayor brevedad posible

La actual ley, que lleva aplicándose desde el pasado mes de noviembre, es claramente un obstáculo que dificulta gravemente el acceso a la Justicia por parte de la población, que en tiempos de crisis económica presentan dificultades para asumir los costes de dichas tasas. Las estadísticas de casi un año desde su entrada en vigor ya demuestran un fuerte descenso de las aperturas de casos. Los efectos se agudizan en el contencioso-administrativo con un descenso del 15,5%, y en el civil con un 9,2% en el 2013 con respecto al año anterior.

La situación se agrava dado que se trata de un sistema legal que está trasladando parte de su carga penal al orden administrativo, donde no se tiene en cuenta el contexto económico y familiar del sancionado, donde la multa se impone previo proceso judicial y donde el recurso del mismo suele resultar más cuantioso que la propia sanción. Por este motivo, son muchas las personas que aunque son víctimas de algún atropello legal no denuncian, al no poder asumir el coste económico.

La única solución para evitarlo, es derogar esta ley. La sobrecarga de trabajo en los juzgados y el posible abuso de los ciudadanos de los recursos legales no es excusa para mantenerla. Ya existían en la legislación española mecanismos disuasorios para evitar el uso indiscriminado, caprichoso y temerario de la asistencia judicial a través del pago de las costas cuando así lo decidiera el juez, así como el desembolso de los depósitos necesarios en su caso.

Una ley siempre polémica

Aunque tres meses después de su aprobación el Ejecutivo matizó ciertas partes de la ley, estas fueron a todas luces insuficientes. Se impulsó la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Las principales modificaciones introducidas por el RDL 3/2013 en relación con las tasas judiciales se refieren a:

- Reducción de la cuota tributaria para las personas físicas,

- Limitación de la cuantía de la tasa en caso de recursos contra resoluciones sancionadoras,

- Ampliación de los supuestos de exención,

- Aclaración de los trámites de subsanación por la falta de presentación del modelo de autoliquidación

- Modificación de las costas repercutibles en concepto de tasa judicial en caso de ejecución hipotecaria de las hipotecas constituidas para la adquisición de la vivienda habitual y

- Depuración de defectos de redacción.

Aunque el Real Decreto haya paliado algunos de los elementos más perniciosos de la Ley Ordinaria, el establecimiento de tasas supone unas evidentes barreras al acceso a la justicia que supone además una clara discriminación entre personas con recursos económicos y los que carecen de estos.

Las estadísticas

Por jurisdicciones, la cifra de asuntos ingresados en la civil fue de 1.670.305, un 9,2% menos que en 2012. Se resolvieron 1.814.394 y estaban tramitándose otros 1.029.130. En la jurisdicción penal entraron 6.304.949 asuntos, con una disminución del 2,1%, habiéndose resuelto 6.392.637 y quedando en trámite 1.035.554. La jurisdicción contencioso-administrativa registró 191.088 nuevos asuntos, con un descenso del 15,5 %. Se resolvieron 260.103 asuntos y están en trámite 255.837. Por último, la jurisdicción Social ingresó 469.329 asuntos, lo que supone un incremento del 2,1%. Se resolvieron 408.092 y quedaron en trámite 360.412.

Finalmente, el Colegio de Abogados de Málaga señala que la ley de tasas ha supuesto en Málaga una reducción de pleitos contra la Administración del 41%. 41 ciudadanos de cada 100 no han podido ejercer sus derechos, reclamar judicialmente a la Administración. Los datos sobre la actividad judicial indican una caída en todos los procedimientos, especificándose de la siguiente manera: Las reclamaciones de lo Civil (aquellos casos en los que toda persona física o jurídica sea susceptible de producir un daño a un tercero) han caído un 33%; Apelaciones contra sentencias de los juzgados un  20% menos; Procedimientos de Familia como divorcios, separaciones y demás u 16% menos; y asuntos de lo Social o derechos de los trabajadores se registra un 12% menos. 

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