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Ad perpetuam memoriam desde Cuelgamuros

Eduardo Ranz. Abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Madrid, 17 de diciembre de 2014. Con fecha 20 de noviembre de 2012, presenté varias denuncias ante el decanato del Juzgado de lo Penal de San Lorenzo de El Escorial representando siete casos de familias, que tienen la constancia de que sus padres, abuelos y tíos, se encuentran inhumados en el Valle de los Caídos. Los restos fueron trasladados por orden cursada desde el Ministerio de Gobernación, en base a una circular de mayo de 1958 a los gobernadores civiles, procediendo los días  3 y 4 de abril de 1959 al traslado de los restos mortales al Valle de los Caídos, donde reposan hasta la fecha, ilegítimamente, junto a su verdugo. Todas las denuncias fueron sobreseídas, y recurrido su archivo.


A pesar de ello, nadie se rindió buscando nuevas vías de actuación, vías de lucha cargadas de verdad. Una vez agotada la vía penal, que es la acertada para todos aquellos que defendemos la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y los derechos humanos, el auto del Tribunal Supremo, en Cuestión de Competencia, de 28 de marzo de 2012 (Sentencia dictada a raíz del proceso contra el juez Garzón), planteó las reclamaciones a través de tres vías:

Vía penal: El propio Tribunal Constitucional, en vía penal, procedió a inadmitir la causa en contra del Informe emitido por un fiscal del Tribunal Constitucional, que hacía replantear al Tribunal su decisión de inadmitir a trámite sobre las causas de exhumación. Posteriormente, la causa fue recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual inadmitió  por tres motivos falsos. Todo ello, supuso el agotamiento completo de la vía penal.

Vía contencioso-administrativa: La trampa de esta vía reside en el abono de la tasa judicial, así como un riesgo importante de condena de las costas del abogado del estado que represente a España, además de financiar las familias todo el proceso, sin garantías.

Vía civil, que es la que hemos arrancado en San Lorenzo, en base a los artículos 2002 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, actualmente en vigor.

Si bien es cierto que jurídicamente estos artículos están obsoletos, se utilizaron a principios del siglo XX para cuestiones de herencias y fueron rescatados del cajón por el auto del Supremo sobre la Cuestión de Competencia, para exhumar en el Valle de los Caídos y sobre el caso de la familia García-Lorca. Dichos autos nos cuentan que la competencia es territorial, en este caso la fosa más grande de España que es la del Valle de los Caídos, judicialmente dependiente de San Lorenzo de El Escorial.

Limpiar y recordar

Lo que se reclama, a través de esta vía, es la protocolización de información ad perpetuam memoriam autorizando la recuperación de los restos mortales de los hermanos don Manuel y don Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, dictando orden de entrega de los restos a su nieta y sobrina, doña Purificación Lapeña Garrido, realizando la debida inscripción de traslado ante el Registro Civil. La Perpetua Memoria es un expediente orientado a limpiar, a recordar el nombre, para dejar constancia que ese hombre vivió, falleció y fue secuestrado, ejecutado y desplazado junto a su verdugo sin que nadie les preguntara, y tiene por objeto comprobar hechos o derechos propios del interesado que los promueve.

 Lo curioso de estos casos es que hasta la fecha no se ha discutido por parte de las instancias judiciales ni la localización ni la identificación. De hecho, la información al respecto de los restos mortales ha sido facilitada por el archivo de la abadía benedictina del propio Valle de los Caídos. Es tal la evidencia, que en 1980 se produjo un precedente por el cual fueron devueltos a sus familias restos de 133 personas procedentes del interior de las criptas de Cuelgamuros, sin que de ello se haya vuelto a hablar.

Por el contrario, las víctimas del Franquismo siguen soportando humillaciones de miembros del Gobierno, concretamente del recién nombrado portavoz del Congreso de los Diputados Rafael Hernando, el cual declaró en un plató de televisión que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlos”. No sólo no pueden dar un entierro a sus familiares, ni obtener Justicia, ni devolverles la dignidad que les fue arrebatada, sino que además son humillados por quienes se suponen nos representan.

Es intolerable que en más de 40 años de democracia tengamos pendientes asuntos como este por resolver. Por desgracia, las víctimas del Franquismo sienten que si fueran otra clase de víctimas el trato que habrían recibido por parte de las administraciones y de la Justicia, habría sido radicalmente opuesto.

Hasta que no exista una buena regulación, una partida ministerial y un buen acceso a archivos, será imposible realizar de forma efectiva las exhumaciones, identificaciones, desplazamientos e inhumaciones familiares con su reparación. El tiempo pasa, y la siguiente generación procesa edades que superan los 90 años. 

En España, sí hay 500.000 euros para cambiar el nombre al aeropuerto de Barajas, pero no lo hay para devolver la dignidad a las víctimas del Franquismo que les fue ilegítimamente robada.

No se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas. 

Este artículo se publicó en el diario El Plural

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