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La muerte de un intermediario frustra el caso de los diamantes de sangre

Taegin Reisman. Oficial jurídico asociado en Open Society Foundation

Madrid, 17 de octubre de 2016. El comercio ilegal de "diamantes de sangre" en Sierra Leona ayudó a avivar una brutal guerra civil que duró desde 1991 hasta 2002 y que causó unas 50.000 muertes aproximadamente. Sin embargo, hasta ahora, nadie ha rendido cuentas por la creación de un sistema que llevaba piedras preciosas desde las infernales minas del este de Sierra Leona hasta los mercados internacionales de diamantes. Lamentablemente, dicha posibilidad se desvanece aún más, después de que el pasado 28 de septiembre muriera súbitamente en una cárcel de Bélgica Michel Desaedeleer.

Desaedeleer, un empresario internacional que gozaba de la doble nacionalidad belga y estadounidense, fue detenido en agosto del año pasado por su presunta implicación en los crímenes de guerra de saqueo y trato inhumano y complicidad en delito de esclavitud como crimen de lesa humanidad, entre otros cargos.

La orden de detención contra Desaedeleer, notificada en el aeropuerto de Málaga, fue emitida en relación a una investigación federal belga sobre una denuncia presentada en 2011 por cinco ciudadanos sierraleoneses, que fueron forzados a trabajar en las minas de diamantes en Sierra Leona durante la guerra. La denuncia contiene una serie de testimonios jurados que vinculan a Desaedeleer  con el comercio de diamantes y que evidencian su presencia en las minas de diamantes en Kono en el este de Sierra Leona además de su conocimiento y participación en actividades desarrolladas en las minas. El caso se construyó en torno a las pruebas reunidas por dos organizaciones no gubernamentales (ONG) con sede en Suiza: Civitas Maxima y el Centro para la Responsabilidad y Estado de Derecho (CARL), con sede en Freetown, Sierra Leona.

Los tribunales belgas afirmaron su jurisdicción sobre el caso con base a la jurisdicción personal activa porque Desaedeleer era un ciudadano belga lo que le permitía ser juzgado en Bélgica por ciertos delitos cometidos en cualquier parte del mundo. Además, Bélgica posee un sistema legal de tipo europeo continental que permite a las víctimas presentar querellas que fueron posteriormente asumidas por la Fiscalía federal. Los cinco demandantes que presentaron la querella son víctimas directas de los delitos que se estaban instruyendo. A ellos les representaba el abogado belga especializado en derechos humanos Luc Walleyn.

Este caso es importante porque Desaedeleer era el único implicado occidental acusado de crímenes internacionales en relación con el conflicto en Sierra Leona. Durante la guerra, los rebeldes del Frente Revolucionario Unido ("RUF", en sus siglas en inglés) se valieron de trabajo forzado para extraer diamantes en Sierra Leona. Posteriormente, los diamantes fueron transportados a la vecina Liberia, con el apoyo del entonces presidente liberiano Charles Taylor. A partir de ahí, los diamantes se vendían en el mercado internacional y los beneficios se utilizaban para apoyar las actividades del RUF. A pesar de que el Tribunal Especial para Sierra Leona (establecido en el año 2000) condenó tanto a los líderes rebeldes del RUF como a Taylor por la comisión de crímenes internacionales, no se pudieron presentar cargos contra aquellos que ayudaron a avivar la guerra a través del comercio de los "diamantes de sangre".

Crímenes internacionales

De acuerdo con Civitas Maxima y CARL, el caso Desaedeleer "habría sido el primer juicio en la historia en el que se habrían juzgado crímenes internacionales cometidos presuntamente en apoyo del comercio de recursos naturales".

Otros empresarios occidentales han sido acusados de crímenes internacionales con anterioridad: un tribunal de los Países Bajos declaró al empresario holandés Frans van Anraat culpable de crímenes de guerra en 2005 por suministrar materiales utilizados para la fabricación de armas químicas al régimen de Saddam Hussein en Iraq. Otro ciudadano neerlandés, Guus Kouwenhoven, fue acusado en 2005 en este mismo país por crímenes de guerra y suministro ilegal de armas a Taylor, dentro del contexto de la guerra civil de Liberia. Kouwenhoven fue declarado inocente por los crímenes de guerra, pero condenado por contrabando de armas. La Fiscalía y la defensa apelaron este fallo en un caso que sigue en curso ante el Tribunal de Apelaciones.

 

Sin embargo, el caso de Desaedeleer ha abierto nuevos caminos, dado que sería la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que un empresario es acusado del crimen de guerra de saqueo, lo que el experto anticorrupción de la Open Society Justice Initiative llama "robo en el contexto del conflicto armado". Las causas penales internacionales contra empresarios y corporaciones suponen un reto porque suele ser difícil obtener pruebas de que la persona o compañía implicada tuviera intención de cometer los crímenes resultantes del conflicto armado subyacente. Este caso habría sido una oportunidad para sentar un precedente y que aquellos que se benefician de las guerras ya no puedan esperar que sus crímenes queden impunes.

 

El día de su muerte, un periódico belga publicó que Desaedeleer iba a ser procesado formalmente en las semanas siguientes, por lo que con toda probabilidad su juicio hubiese comenzado a principios de 2017, seis años después de que las víctimas le denunciasen. Desaedeleer negó haber estado involucrado en los crímenes que se le imputaban.

 

Con la muerte de Desaedeleer, las oportunidades de juzgar a occidentales o empresarios involucrados en el comercio de "diamantes de sangre" durante la guerra en Sierra Leona parecen desvanecerse. Sin embargo, Alain Werner, director ejecutivo de Civitas Maxima, ha dicho que ellos todavía están "contemplando posibles vías e investigaciones".

 

Civitas Maxima y CARL han señalado que "la detención de Michel Desaedeleer, su encarcelamiento y el hecho de que su juicio estuviese programado para los próximos meses, representa una victoria para las víctimas que de forma valiente lo denunciaron y nunca han desistido en su lucha porque se haga justicia".

 

A pesar de la evidente decepción de los querellantes, Hurwitz señala que el caso de Desaedeleer muestra cómo las ONG comprometidas pueden hacer uso de la ley y jurisdicción nacional e internacional para perseguir a personas que se benefician de manera ilícita y ayudan a perpetuar los conflictos armados. La Open Society Justice Initiative, por ejemplo, ha brindado apoyo legal en el Reino Unido, Suiza y las Islas del Canal para perseguir a aquéllos individuos involucrados en el saqueo de oro durante el conflicto en la Republica Democrática de Congo. De acuerdo con Hurwitz, "el caso Desaedeleer ha significado un avance legal, hacia un lugar donde los que se benefician ilegalmente del conflicto y abusan sistemáticamente de las poblaciones civiles, no puedan quedar impunes". 

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