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“Güiselblogüers”: la pieza del puzzle por encajar

Carlos Berbell.  Director de Confilegal

 Madrid, 4 de diciembre de 2016. La corrupción en Europa genera unas pérdidas anuales para la economía de la Unión de 120 billones de Euros. Con b de Barcelona. Lo dice la Comisión Europea en un informe de 2014. 

Y según un estudio de la Asociación de Auditores de Fraude Certificados, cerca del 40 por 100 de los casos de fraude en el mundo vieron la luz gracias a la acción de los “whistleblowers”, los que tocan el pito. Como se denomina en inglés a los denunciantes, informantes, confidentes, soplones, chivatos, delatores… Todas palabras que tienen un sentido peyorativo, por lo que es de prever que todos asumamos la definición anglosajona, quizá españolizada: ¿Güiselblogüers, quizá? En la Real Academia de la Lengua Española tenemos güisqui, por whisky.

 El papel de los “güiselblogüers” es esencial en la lucha contra la corrupción. Sin el papel jugado por Ana Garrido, la empleada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid, el “caso Gürtel” posiblemente no se hubiera conocido. O el del contable chileno Carlos Van Schowen, en el “caso Filesa”, por poner dos ejemplos.

El gran problema es que, hoy por hoy, no tienen ninguna protección legal. Y cuando deciden tirar de la manta su mundo se viene abajo, empezando por su trabajo, del que se ven expulsados.

 Hoy por hoy, no existe ninguna Directiva de la Unión Europea que los proteja, aunque existe un borrador elaborado por eurodiputados independientes, también del Partido Verde Europeo y de la Alianza Libre Europea, que fue presentado a la Eurocámara con ese fin.

Hace unos días, se presentó, también en Bruselas, el proyecto “A Change of Direction” (Un cambio de dirección), una alianza de cinco ONGs e instituciones de investigación de cinco países europeo –entre los que se encuentra la Fundación Internacional Baltasar Garzón- que tiene el objetivo de promover el establecimiento de un nuevo marco integrado para la investigación, la implementación y defensa pública para la protección de los “güiselblogüers” en Europa.

Algo ya se está moviendo, en este sentido. Eso es muy importante.

Sin embargo, la pieza “güiselblogüer” en España todavía tiene que encontrar su encaje. Y tiene que hacerlo dentro del puzzle del sistema de cumplimiento normativo introducido en nuestro país con la reforma del Código Penal que entró en vigor en 2011.

Esto, hay que reconocerlo, ha supuesto una revolución en la cultura jurídica española. Porque, por primera vez en la historia, se considera a las empresas –personas jurídicas- responsables penales de los delitos cometidos en el ejercicio de sus actividades sociales, según el artículo 31 bis del Código Penal.

La sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 29 de febrero de 2016, disolviendo una empresa e imponiendo fuertes multas a otras dos, por participar en el tráfico de drogas, es una prueba clara de que la dirección ha cambiado. Sentencia de la que fue ponente José Manuel Maza, nuevo fiscal general del Estado.

En este nuevo escenario tienen gran relevancia los llamados responsables del cumplimiento normativo, “compliance officers”, como también se les denomina, auténticos “sheriffs” internos de las empresas. Y los canales internos de denuncias,  de lo que se está debatiendo en estos días.

Sin embargo, el sistema no estará completo, ni podrá ser perfecto, hasta que se regule y se proteja la figura “güiselblogüer” dentro de ese sistema de detección de los delitos en empresas y administraciones públicas. Por una simple razón: porque ellos son la fuente principal de las denuncias de las grandes corrupciones.

Sin esta regulación protectora de los “guiselblogüers” el resto será sólo un brindis al sol.   

 

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