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“El robo de bebés durante el franquismo es un crimen de lesa humanidad”

Barcelona, 18 de julio de 2017. "El robo de bebes es un crimen horrendo con prolongada presencia en la historia de España. Un crimen de lesa humanidad". El presidente de FIBGAR, Baltasar Garzón, se expresó así este 18 de julio en el Parlamento catalán, en su comparecencia en calidad de experto ante el Grupo de trabajo de la cámara sobre los bebés robados durante el franquismo.

 

 Se calcula en 30.960 el número de recién nacidos sustraídos en España tras la guerra civil y hasta la década de los 90 del pasado siglo. “Lo malvado del caso es que no hay respuesta por parte de las instituciones, y lo más triste que el primer censo de víctimas a nivel nacional fuera realizado por las propias víctimas”, dijo el presidente de FIBGAR.

 

 “La víctima, en este tipo de casos, pierde el miedo cuando percibe una acción por parte de la justicia. Pero en el caso de España nunca se ha producido esta acción, lo que ha llevado a una revictimación” añadió el juez.

 

Por eso, “están desesperadas y con razón. La desesperación es todavía más comprensible cuando nos topamos con casos como el de Ascensión López, una bebé robada que se enfrenta ahora a una posible pena de prisión por presuntas injurias y calumnia al acusar a la sobrina de su padre putativo, una monja católica, de haber mediado y resuelto su propia transacción cuando no era más que un bebé. Es por ello cuando hartas de buscar justicia sin éxito en su propio país se lanzan en busca de amparo de instrumentos internacionales o de tribunales extranjeros dispuestos a aplicar el principio de jurisdicción universal”, como en el caso de la querella argentina.

 

El origen del crimen data de los primeros tiempos del franquismo cuando se trató de probar pseudocientíficamente la maldad e inferioridad mental del disidente, el rojo, tesis ejecutada por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera desde el Gabinete de Investigaciones Psicológicas, constituido en 1938 por orden expresa del general Francisco Franco.

“Este es el caldo de cultivo- dijo Garzón- del que emanó y sobre el que se sostuvo un sistema criminal de robo de bebés en España: toda una autoproclamada labor pseudomesiánica por la que el Estado salvaba a los recién nacidos del “demonio rojo” haciéndoles desprenderse del seno materno para criarlos en instituciones católicas, falangistas o entregándolos a familias afines al régimen que representaran mejor el ideal fascista de la raza española”.

 

Esta cruzada “salvadora” de almas se convirtió y corrompió para devenir en una práctica lucrativa, un negocio que se prolongó en algunos hospitales e instituciones que albergaban ya el acervo y la experiencia de la política sistemática del régimen franquista en el robo de bebés. Los últimos casos de los que se tiene constancia, según dijo Baltasar Garzón, datan de 1992, poco antes de que se introdujera el tipo penal del art. 221 del Código Penal de 1995.

 

“Son múltiples los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar cientos de madres que en algún momento sospecharon del relato que recibieron en el hospital después de dar a luz por el que, después de un embarazo sano, la criatura moría en el parto y ni siquiera le permitían ver su cadáver. El más frustrante de todos es probablemente la inacción de la justicia que hace pocos o nulos esfuerzos por buscar en la ley soluciones. Más bien todo lo contrario. Se escudan en ella para legitimar su pasividad”, declaró el juez en el Parlamento catalán, para calificar a continuación los hechos de delito permanente e incluso crimen de lesa humanidad “ya que encaja en lo prescrito en el artículo 25 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2006”, crimen de naturaleza continuada por la que no cabe prescripción hasta que se encuentra a la persona desaparecida o sus restos, en cuyo caso es cuando debería empezar a contabilizarse dicha prescripción.

 

Baltasar Garzón enumeró las condenas acumuladas contra España provenientes de organismos de Naciones Unidas, entre las que cabe destacar el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Misión a España. 23 a 30 de septiembre de 2013), el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, (del 22 de julio de 2014) o las Observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el informe presentado por España del 12 de diciembre de 2013.

 

El despacho de abogados que dirige Baltasar Garzón representa a Ruth Appleby, una ciudadana británica cuyo relato encaja con una posible sustracción de su bebé en un hospital de Galicia en 1992. A pesar de sus esfuerzos por hallar una respuesta judicial, los tribunales ordinarios no realizaron ninguna indagación o investigación sustancial obviando incluso tomarle testimonio. “Ante esta situación en que se vulnera de manera tan obvia el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y después de agotar la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en amparo, desde ILOCAD se presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya ha aceptado examinar el asunto superando así el primer filtro hasta llegar al análisis del fondo del caso”.

 

Por todo ello, el presidente de FIBGAR concluyó en el Parlamento catalán que “olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y de la comunidad  internacional.” 

 

La jurisdicción penal debe pronunciarse y tiene la obligación legal de establecer “la verdad judicial” a la que las víctimas directas y la sociedad en su conjunto, como víctima también, tienen derecho.

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