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“La peor censura para los periodistas es el asesinato”

Torres, Jaén, 20 de julio 2016.-“La peor censura  para los periodistas es el asesinato” dijo esta mañana el juez Baltasar Garzón durante su ponencia magistral   La Libertad de Expresión en conflicto: el derecho al honor, la seguridad nacional y otros en el curso de verano Libertad de Expresión en el siglo XXI: nuevas tecnologías, nuevos retos, que se celebra en la localidad jienense de Torres.

“Y eso está pasando en muchos países del mundo, en Latinoamérica por ejemplo, donde los periodistas de investigación corren un gran riesgo. Tal y como ocurrió en la época del terrorismo en España, era peligroso informar sobre ello y hubo periodistas muertos,  como hubo jueces o policías. Trabajar de forma independiente en una profesión se paga caro y el periodismo es clave”, añadió el magistrado.

Tras hacer un repaso a los casos más recientes de ataques contra la libertad de expresión en todo el mundo y en nuestro país, el presidente de FIBGAR afirmó como abogado en torno al tema de la corrupción que “plantear una denuncia sobre corrupción es un grave riesgo para la persona que lo hace. Quien se enfrenta a un poder establecido, si no tiene protección del Estado, cae. Al final lo que sucede es que la gente no se atreve a denunciar. Tenemos normas para denunciar pero no tenemos mecanismos para proteger a quien denuncia. Es el caso de whistleblowers, para los que es preciso encontrar un ámbito de seguridad mayor”.

Para el juez, “la intimidad y el honor son una especie biodegradable. Hay temas más serios que no se investigan. No se persigue la corrupción y sin embargo se ataca una portada de un periódico. Lo que ocurre es que determinados jueces y tribunales no hacen su trabajo, o lo hacen en un sentido determinado y no en otro. Es necesario profundizar en los hechos  y llegar al principio de igualdad ante la ley y hay que profundizar en lo que ocurre con la justicia en lo que se refiere a la libertad de expresión”.

 Mesa redonda

A primera hora de la mañana tuvo lugar la mesa redonda La Libertad de Expresión como fundamento democrático. La perspectiva política, moderada por Salvador Garrido Soler, de Colectivo Gentes, con Victoria Rossell, magistrada juez titular del juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, Carlos Enrique Bayo, director de Público y Maite Quílez, ex directora de la revista El Jueves.

Carlos Enrique Bayo destacó que a pesar de que esta debería ser la época dorada de la información, por la inmediatez y la facilidad de publicar que existe, sin embargo “no es así porque gobiernos, autoridades, grupos de presión, instituciones, estamentos religiosos y hasta particulares se han empeñado en agostar esa primavera de la comunicación que internet y las redes sociales han hecho germinar”.

“En España también estamos asistiendo a una persecución desenfrenada de los que expresan sus opiniones a través de las redes, en virtud de una Ley Mordaza que castiga hasta a los periodistas que hacen su trabajo para impedir que se divulguen los abusos policiales o de otras autoridades”, añadió, para concluir que “en definitiva, un panorama desolador que probablemente la mayoría de la población ignore: el ruido mediático es tan intenso que muchos confunden la avalancha de mensajes con libertad de expresión”.

Maite Quílez, tras repasar la trayectoria de la revista relató cómo “cuando estábamos convencidos de que se podía hablar de todo, para nuestra sorpresa y la de todo el país  en pleno siglo XXI nos secuestraron una revista con la portada del entonces Príncipe con Leticia. El secuestro fue un error pues consiguió lo contrario a lo pretendido.  En la siguiente portada salió  Felipe como abejita y Leticia como una flor”.

La juez Victoria Rossell, por su parte, defendió que “la función de los agentes públicos debería ser garantizar los derechos de reunión, libertad y expresión. Lo que deberían estar haciendo es velar y no limitar los derechos fundamentales. Nos dieron un código penal que es tan elocuente lo que contiene como lo que no contiene. No contiene penas ni agravaciones para el sector político y financiero, los que han provocado esta crisis. No contiene medios para atacar la gran corrupción. No contiene protección para los testigos de corrupción a los que se persigue. Pero la disidencia política y social se criminaliza. Ha desaparecido la agravación por alteración del orden en eventos deportivos y se penaliza el derecho de reunión y manifestación”. “Hay leyes que están incumpliendo la Constitución”, añadió la magistrada con contundencia.

 “El último recurso que tenemos es volver a la democracia participativa para manejar el riesgo de corrupción, que es el más importante” dijo Hervé Falciani durante su conferencia “Los retos jurídicos de las nuevas tecnologías para la Libertad de Expresión”, que tuvo lugar después de la mesa redonda.

 

¿A qué riesgos nos enfrentamos?, se preguntó Falciani. “Por ejemplo, a la corrupción en la contratación pública. Por supuesto una empresa no va a robar a otra empresa, sino a otras más débiles, las administraciones”. “Cuando entendemos la complejidad del tema- añadió- tenemos también que recordar que hoy aparece la ciudadanía, que es la que presta atención”.

“Para manejar la corrupción al principio se necesitan canales de comunicación que se conocen como whistleblower, además de que las administraciones forma a sus trabajadores contra la corrupción, porque la educación es el 50 por ciento de la posibilidad de que la gente diga: tengo una responsabilidad para modificar lo que está pasando” terminó diciendo el ponente.

 

Debate cara a cara


Anteriormente se celebró el debate cara a cara: Las formas de la Libertad de Expresión: Los medios antes y después de Internetmoderado por Juan Espejo, director de Diario Jaén y con la intervención de José María Izquierdo, periodista y Sergio Sánchez, responsable de la plataforma No somos Delito.

 

José María Izquierdo destacó que “los periodistas tenemos que reconocer que la bajeza moral, el odio, siempre han estado presentes en los medios, igual que los poderes de todo tipo siempre han estado en contra de la libertad de expresión. Estamos, como siempre, en la discusión de donde acaba la indignidad y empieza el delito”.

 

Para el periodista, “es difícil valorar lo que nos esta pasando. Ahora tenemos más de 3.000 millones de usuarios de redes sociales. Facebook más mil millones, twitter más de 500, Linkedin más de 175 y las chinas, que suman mil millones.  Cifras millonarias de mensajes al día. Cifras escalofriantes: en una noche de año viejo 2012 se intercambiaron 18.000 millones de whatsapp”.

“Hay tal batiburrillo, tal aglomeración, tal bombardeo que somos incapaces de digerir bien entre los millones de mensajes. Me preocupa mucho el lenguaje. Al final el fanatismo que impera en las redes sociales y en los comentarios es un adelgazamiento de la inteligencia. Cada uno lee solo lo que quiere leer y cada vez tiene menos amplitud de miras”, añadió Izquierdo. 

 

Sergio Sánchez, de la plataforma No somos Delito dijo por su parte que “nuestro objetivo es que se derogue la ley mordaza. Probablemente no lo consigamos. Pero nuestra función en esta mesa es hablar de esa ley y especialmente de su incidencia en la libertad de expresión y opinión y del periodismo”.

 

“Las redes sociales compiten con medios convencionales. Los ciudadanos forman ahora parte del cuarto poder y tienen un poder inmenso, por eso la ciudadanía es peligrosa para el gobierno y hay que amordazarla. Se establecen mecanismo paralelos cuya función es censurar. Se adaptan las leyes para reprimir la libertad de expresión. El objetivo es el mismo defender los sentimientos de una parte de la población que se identifica con la idea del gobierno” dijo también el ponente.

 

Por la tarde y tras el estudio de casos por parte de los alumnos, tuvo lugar la conferencia de clausura: Mirando al futuro: Libertad de Expresión y democracia digital, a cargo de Ignacio González Vega, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia.

 

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